Ley de justicia universal made in Spain

La ley de justicia universal aprobada por el PP crea una paradoja: limitación de la universalidad del principio de justicia universal.

 

Recientemente ha entrado en vigor una ley promovida por el Partido Popular en la que se limitan los principios de justicia universal y por tanto «obliga» a los jueces a archivar las causas que no se acomoden al texto. De tal calado es la reforma que incluso ha puesto en riesgo las investigaciones internacionales sobre tráfico de drogas, tanto así como para tener que poner en libertad a varios narcos debido a la aprobación de ésta ley.

Como era de esperar y teniendo en cuenta que el Partido Popular siempre ha llevado adelante ésta iniciativa en solitario y ni siquiera contando con la opinión del CGPJ o del Consejo de Estado, la ley ha levantado ampollas en varios sectores. Por un lado las víctimas que lógicamente no entienden que casos como el del cámara de Telecinco José Couso, muerto en Irak a manos de soldados de EEUU o los afectados por el genocidio en el Tíbet a manos del ejército Chino, tengan que ser sobreseídas en aplicación de una nueva ley que, según los fiscales de la Audiencia Nacional, vaciará de contenido derechos constitucionales básicos como la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos de las víctimas.

Una demostración de que la justicia española no está de acuerdo con ésta ley, ni siquiera trabaja en la línea que la ley exige, es la respuesta del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que se niega a archivar dos causas en aplicación del principio de justicia universal: Torturas en Guantánamo y Crímenes en el Sahara. Para ello, en el caso de Guantánamo, se ampara en la Convención de Ginebra y la Convención contra la Tortura, que obliga a los estados firmantes a perseguir éstos delitos. En el caso de del Sahara, el juez entiende que los delitos fueron cometidos a ciudadanos españoles en el momento en que el Sahara era provincia española.

En un momento económico en que todo es susceptible de reformas y recortes en aras de una eficiencia económica que en ocasiones se antoja demasiado utópica y que en otras simplemente pretende compensar los despilfarros de algunos sectores, cuesta digerir que también la justicia tenga que ser recortada sin ni siquiera una motivación expresa o de peso.

Afortunadamente la locura de reformar, de cambiar y de limitar no ha llegado a los profesionales de la justicia. Podemos asegurar que tanto jueces, como abogados, procuradores, etc están por labor de trabajar para que la justicia, aunque no sea perfecta, se imparta de forma igualitaria, fiable y accesible a todos.

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